Por María Paula Turco y Florencia Hermosa
En Argentina, 1 de cada 2 hogares presenta algún tipo de déficit habitacional. En los barrios populares, esta cifra asciende a más del 96% de los hogares.
Sin embargo, la magnitud del problema sigue siendo discutida y, en muchos casos, subestimada.
El déficit habitacional en Argentina no es un fenómeno nuevo. Desde hace décadas forma parte de diagnósticos oficiales, documentos técnicos y debates públicos. Sin embargo, aún no existe un consenso claro sobre qué implica ni cómo se mide.
Lejos de ser una discusión meramente técnica, la forma en que se mide el déficit habitacional condiciona directamente cómo se dimensiona el problema y, en consecuencia, qué políticas se diseñan para abordarlo.
En un contexto de retroceso del accionar del Estado en el abordaje de problemáticas sociales —entre ellas, la vivienda y el hábitat—, cobra especial relevancia la construcción de consensos sobre qué se mide y cómo se mide.
La producción de estadísticas define qué realidades se visibilizan y cuáles quedan relegadas. Aquello que no se mide —o se mide de forma parcial— difícilmente se convierta en prioridad de la agenda pública.
¿Qué entendemos por una vivienda adecuada?
Desde un enfoque de derechos, la vivienda adecuada excede la mera existencia de un techo: implica condiciones adecuadas de habitabilidad, acceso a servicios básicos seguros, espacio suficiente, seguridad en la tenencia, localización accesible y asequibilidad.
Sin embargo, cuando este enfoque se traduce en mediciones, se reduce a un conjunto acotado de variables. En Argentina, los sistemas y herramientas de medición más utilizados —como el Censo del INDEC— estructuran el análisis en torno a cuatro dimensiones: I) la unidad doméstica, que analiza la cohabitación de hogares en una misma vivienda, II) la materialidad de la vivienda, que mediante indicadores clasifica la calidad constructiva de la misma III) el hacinamiento, que en la metodología utilizada en nuestro país se vincula a la cantidad de personas por cuartos, IV) el acceso a servicios básicos, especialmente agua y saneamiento.
Esta operacionalización es necesaria para transformar un concepto complejo en un dato estadístico, pero el rigor técnico no es neutro: al definir dimensiones y umbrales específicos, se corre el riesgo de simplificar la problemática y excluir del diagnóstico situaciones de vulnerabilidad que no encajan en estas categorías rígidas. Está en juego la delimitación misma de quiénes son sujetos de políticas públicas y quiénes quedan invisibilizados.
Un problema masivo con diagnósticos dispares
En Argentina, las estimaciones del déficit habitacional varían significativamente según la metodología empleada, situando el problema entre el 20% y el 55%¹ de los hogares.
En este contexto, desde el CISUR decidimos medir el Déficit Habitacional a nivel Nacional en base al Censo de viviendas y hogares de 2022 a través de las dimensiones anteriormente mencionadas, que son las de uso más extendido, priorizando la comparabilidad por sobre la innovación conceptual.
Bajo estos criterios, los resultados obtenidos son alarmantes: 1 de cada 2 hogares en el país presenta al menos una situación de déficit habitacional (48,08%). Es decir, incluso bajo los criterios de medición más conservadores, la magnitud del problema resulta difícil de ignorar.
Este dato además de darle dimensión a la escala del déficit, interpela directamente la narrativa de excepcionalidad con la que muchas veces se aborda la cuestión de la problemática habitacional.
El problema es predominantemente cualitativo: del total de hogares afectados, la gran mayoría presenta deficiencias en la calidad de los materiales de la vivienda, el acceso a servicios o hacinamiento (43,80%), frente a un 4,29% que requiere una vivienda nueva (déficit cuantitativo). Esto implica que el problema no es únicamente la falta de vivienda, sino la reproducción extendida de condiciones inadecuadas de habitabilidad.
¹ Estas estimaciones se corresponden con datos presentados por diversas instituciones hasta el momento de la publicación del Informe de Déficit Habitacional del CISUR. Posteriormente hubo publicaciones con nuevas estimaciones que generan mayor diversidad en las estadísticas disponibles.
Lo que el promedio oculta: barrios populares
Una de las principales motivaciones de esta investigación fue desarrollar una segunda instancia de análisis que permitiera entender cómo se configura el déficit habitacional en barrios populares. Nos preguntamos qué pasa cuando se mide en contextos donde las condiciones estructurales son distintas a las que captan las herramientas tradicionales.
Este paso implicó revisar las reglas de medición. Aplicarlas de manera directa llevaba, en muchos casos, a clasificar como adecuadas situaciones que no garantizan condiciones mínimas de habitabilidad. Por ejemplo, en términos de materialidad, el indicador INMAT considera adecuados materiales como la alfombra en el piso. Sin embargo, en los barrios populares comúnmente debajo de la alfombra no hay contrapiso firme, sino tierra, debiendo asociarse entonces a una condición inadecuada. Asimismo, incorporamos una distinción fundamental entre la formalidad e informalidad en el acceso a la red pública de agua y cloaca. Esta definición es determinante en los barrios populares, donde la conexión informal suele ser la única alternativa disponible, condicionando drásticamente la calidad de vida. La informalidad se traduce en conexiones precarias que comprometen por ejemplo la potabilidad del agua y problemas de presión, dejando además a los vecinos y vecinas sin canales de reclamo ante las prestatarias por la falta de reconocimiento oficial de su situación.
Por último, en relación a la cohabitación, asumir el hogar como unidad de análisis invisibiliza dinámicas extendidas en estos territorios. Por eso, se trabajó con una aproximación basada en familias, reconociendo que la convivencia de múltiples familias en una misma vivienda muchas veces no responde a una elección, sino a restricciones estructurales de acceso al suelo, a la vivienda y/o a medios económicos que permitan soportar los gastos.
Lo que este ejercicio deja en evidencia es que hay que construir herramientas de medición que dialoguen con las realidades concretas de los territorios y en particular con la realidad de los barrios populares. Al ajustar las dimensiones de medición desde esa perspectiva, el resultado es contundente: el 96,93% de los hogares presenta al menos una situación de déficit habitacional. Esto da cuenta de una brecha estructural profunda: mientras que a nivel nacional la necesidad de vivienda nueva (déficit cuantitativo) afecta al 4,29% de los hogares, en los barrios populares esta urgencia se cuadruplica, alcanzando al 18,34% de las familias.
Sin embargo, el rasgo distintivo en estos territorios es la magnitud del déficit cualitativo, que alcanza al 78,59% de los hogares. Esto significa que la inmensa mayoría de las familias en barrios populares ya cuenta con una vivienda, pero lo hace en condiciones que vulneran sus derechos básicos. No se trata de falta de techo, sino de una precariedad habitacional extendida donde la vivienda no posee los estándares mínimos de calidad para cumplir su función de protección y garantizar el desarrollo humano.
Dentro de este universo cualitativo, la dimensión más crítica es la del saneamiento: 8 de cada 10 familias (83,52%) acceden al agua de forma inadecuada y 7 de cada 10 familias (70,65%) utilizan mecanismos inadecuados para la eliminación de excretas. Además, solo el 41,10% cuenta con un inodoro con botón o mochila y arrastre de agua, lo que obliga al resto a recurrir a la descarga manual por balde o al uso de letrinas.
El aspecto fundamental a resaltar cuando hacemos foco en los Barrios Populares es que el déficit adquiere una mayor complejidad: la mitad de las familias acumula múltiples problemáticas de manera simultánea. Mientras que a nivel nacional el déficit habitacional compuesto alcanza al 14% de la población, en los Barrios Populares el 48% de las familias convive con más de uno de los problemas relevados. Esta superposición alcanza su expresión más crítica en el déficit compuesto múltiple —donde coinciden problemas en la materialidad/, saneamiento y hacinamiento—, una situación que en los barrios populares (5,67%) es 17 veces más frecuente que en el promedio del país (0,33%). Si además se suma al análisis la dimensión de la conexión eléctrica², la superposición de situaciones inadecuadas es alarmante. El 9% de la población relevada convive con problemas de materialidad, un acceso inadecuado al saneamiento, hacinamiento crítico y riesgo eléctrico.
En los barrios populares las dimensiones del problema habitacional se entrecruzan, se intensifican y se vuelven más visibles. La superposición de problemas agrava las condiciones de vida y configura escenarios de alta urgencia que desafían las respuestas fragmentadas.
² Esta dimensión no ha sido analizada originalmente en el informe publicado sobre el déficit habitacional a los fines de utilizar la metodología de uso más extendido, pero sí ha sido analizada en otro informe publicado por este Centro de Investigación específico sobre esta temática, disponible en: https://cisur.ar/el-acceso-a-la-energia-electrica-desde-los-barrios-populares/
Medir para construir
La retracción de la política pública en vivienda y hábitat se materializa en decisiones de alto impacto: el freno de la obra pública, el desfinanciamiento de la integración sociourbana, el vaciamiento de áreas estatales específicas y los proyectos de Ley ingresados al Congreso para eliminar, entre otras, artículos sustanciales de la Ley de Barrios Populares 27.453.
En un país donde amplios sectores de la población no acceden siquiera a agua potable segura dentro de su propia vivienda, estas decisiones reducen la capacidad de intervención del Estado y entran en tensión con una función básica: garantizar condiciones de vida dignas.
La intervención sobre las dimensiones centrales del déficit —como el acceso a servicios básicos — depende de infraestructura, regulación y escala, y no puede resolverse a partir de estrategias individuales. La distancia entre esa lectura y las condiciones reales de los territorios es cada vez más evidente.
En este contexto, contar con diagnósticos consistentes es fundamental para sostenerlo dentro de la agenda pública en un escenario donde se vuelve más urgente. La fragmentación en la forma de medir dificulta la construcción de una referencia común desde la cual discutir prioridades y orientar intervenciones.
El desafío es, entonces, avanzar hacia acuerdos que permitan nombrar el problema con mayor precisión y en toda su escala. Porque cuando el diagnóstico se debilita y la intervención se retrae, las condiciones de vida de una parte significativa de la población dejan de ser consideradas como parte de un problema público.
Leé el informe completo acá: https://cisur.ar/wp-content/uploads/2026/03/Informe-deficit-habitacional-barrios-populares.pdf