Por: Isaac Melián junto con el Equipo energía eléctrica CISUR
Aportes al debate sobre subsidios a la energía eléctrica desde la perspectiva de los barrios populares
La Secretaría de Energía de la Nación publicó recientemente su nueva propuesta de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) con impactos en la estructura tarifaria, que comenzaría a regir en enero de 2026. El nuevo esquema reemplazaría las categorías vigentes (N1–N2–N3) por dos grupos: hogares sin subsidio y hogares con subsidio, aplicando este último únicamente sobre los hogares con ingresos menores a 3 canastas básicas totales (aproximadamente $3.650.000) y con topes de consumo según estación (150 kWh por mes en los períodos templados y 300 kWh por mes en verano/invierno). A este segundo grupo, que absorbería a los N2 y N3 actuales, el Estado nacional le aplicaría una bonificación del 50% en el costo de la energía.
El nuevo régimen se presenta con el objetivo de reducir el gasto público mediante una reconfiguración del esquema de asistencia estatal al consumo energético achicando el universo de hogares subsidiados, a partir de una revisión de los criterios de ingresos y topes de consumo. Esta medida se fundamenta en la necesidad de “incluir y priorizar a los que más lo necesitan”. La pregunta que se abre es si esos criterios, definidos de manera homogénea, logran efectivamente identificar a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad energética.
La reforma vuelve a ubicar el debate energético en el centro de la agenda. Sin embargo, ocurre algo que ya es costumbre: se discute el costo de la energía sin hablar del acceso, y se diseña un esquema tarifario que deja afuera a una parte enorme de la población.
En la Argentina, casi el 70% de los barrios populares no tiene una conexión regular a la red eléctrica y más del 98% de los barrios no accede a conexión formal de gas natural¹. En la mayoría de estos barrios no existe la infraestructura formal de red y, ante dicha situación, los vecinos se “enganchan” a redes cercanas. Allí no hay medidor, no hay factura, no hay tope de consumo que aplicar ni subsidio que recortar. En ese universo, más de un millón de familias quedan excluidas del debate público, del sistema de segmentación y del nuevo esquema propuesto.
Sobre esta realidad hablamos en el artículo “El acceso a la energía eléctrica desde los barrios populares”
A su vez, para quienes acceden desde los barrios populares o quisieran ingresar en los sistemas formales de provisión de energía, el nuevo esquema tarifario no contempla las especificidades de los hogares más vulnerables: capacidad de pago, consumos forzados por condiciones habitacionales precarias, ausencia de gas por red y artefactos de baja eficiencia energética, como tampoco las barreras administrativas para ingresar a los regímenes de subsidios vigentes. En relación a este último punto, no se aborda el entramado institucional existente a nivel provincial para acceder a las tarifas sociales subsidiadas. De esta forma, el sistema propuesto tiene el riesgo de volverse inviable e insostenible en el tiempo, profundizando la exclusión al limitar la posibilidad de incluir a más personas de sectores populares en los sistemas formales de energía eléctrica.
Desde el Centro para la Integración Socio Urbana (CISUR), sostenemos que cualquier reforma del sistema de subsidios debe partir de un principio fundamental: la política tarifaria no puede desentenderse de la política de integración socio urbana. Cuando el diseño tarifario se formula sin contemplar las condiciones estructurales de los barrios populares, los hogares quedan atrapados entre dos riesgos simultáneos: la inaccesibilidad económica del servicio y la persistencia de conexiones informales que comprometen la seguridad, la vida y la salud comunitaria.
Desde el Centro consideramos necesario aportar elementos que permitan evaluar la pertinencia y el alcance real del nuevo esquema, así como abrir el debate de las tarifas pero con la mirada puesta en la realidad de los barrios populares.
Mapa de la tarifa social y subsidios a la electricidad en la Argentina actual
La iniciativa de reformulación del gobierno nacional se autoproclama como una transformación profunda del sistema de subsidios nacional bajo la premisa de establecer un mecanismo superador por estructurarse como un único régimen, simplificado, transparente y focalizado, en tanto, orientado a que “los subsidios lleguen únicamente a quienes realmente los necesitan”. Las cuatro premisas funcionan como el marco justificatorio de la reforma y apuntan a instalar la idea de un sistema más eficaz y más justo que el actual.
Ahora bien, para dimensionar el alcance real de esta reforma es necesario volver sobre una pregunta básica: ¿cómo funciona hoy el sistema de subsidios y tarifas sociales en la Argentina?, ¿cuál es el cuadro tarifario para los sectores populares? Durante el segundo semestre del año 2025 el equipo del CISUR comenzó con un relevamiento de facturas de electricidad en todo el país y el análisis de los cuadros tarifarios publicados en cada provincia para identificar cómo se construye el costo de la energía, qué subsidios y beneficios se aplican y de qué manera se logra una tarifa más accesible para las personas que habitan en los barrios populares que se encuentran conectados a la red eléctrica formal. Recordemos que esta es la realidad de tan sólo el 30% de los 6.467 barrios populares del país, según los datos publicados por el ReNaBap.
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Heterogéneo
La idea de un sistema único desconoce un aspecto fundamental de la política tarifaria argentina: su carácter federal. Los entes reguladores y distribuidoras provinciales definen sus propios programas de asistencia.
El análisis comparativo preliminar sobre cuadros tarifarios muestra que entre las provincias hay grandes discrepancias en los valores asignados a las tarifas subsidiadas, sea por los costos fijos (CF) o por los costos variables (CV) que componen sus costos totales (CT), como por elementos específicos incorporados según cada organismo local.
Tabla 1: Análisis de CF, CV y CT para una familia de barrio popular en Argentina con un consumo de 150kwh/mes-300kwh/bimestre
Fuente: producción propia en base al relevamiento de cuadros tarifarios por provincia del país.
Los resultados alcanzados al momento revelan un entramado heterogéneo, constituido por capas sucesivas de políticas nacionales y provinciales que operan de manera paralela, con niveles muy distintos de cobertura y criterios de acceso. Por un lado, se encuentra el esquema
de subsidios nacional vigente desde 2022, centrado en la segmentación de usuarios según nivel de ingresos: N1 (ingresos altos, sin subsidio), N2 (ingresos bajos, subsidio pleno) y N3 (ingresos medios, subsidio limitado). La asignación del beneficio se define casi exclusivamente a partir del nivel de ingresos del hogar y del cruce con ciertos indicadores patrimoniales, y se aplica sobre un bloque de consumo considerado “básico”, cuya superación -en el caso de N3- se factura sin subsidio. En línea con este esquema, encontramos jurisdicciones donde la tarifa social provincial es inexistente o residual, de modo que la protección de los hogares vulnerables depende enteramente de la inscripción en la segmentación N1–N2–N3.
Por otro lado, de manera superpuesta y a nivel regional, se halla un conjunto y multiplicidad de programas provinciales heterogéneos que buscan atenuar el impacto de la factura eléctrica sobre los sectores de menores recursos. Dentro de este grupo se identifican provincias con regímenes propios consolidados que sostienen programas estables que aplican descuentos significativos o tarifas especiales para hogares de bajos ingresos. En esta línea, se identifican experiencias a destacar en las que distribuidoras o entes reguladores incorporaron en sus cuadros tarifarios criterios vinculados a la electrointensividad de los hogares. Estas estrategias adoptan formas diversas: esquemas de tarifa aplanada (La Rioja, Córdoba y Santa Fe), cargos variables constantes (San Luis) o decrecientes a medida que aumenta el consumo (Comodoro Rivadavia), así como bonificaciones específicas asociadas a déficits de eficiencia energética, como en el caso de Tucumán.
En este contexto, un sistema “unificado” que no incorpore explícitamente estas diferencias corre el riesgo de generar superposiciones, incompatibilidades o incluso vacíos de cobertura, especialmente en las jurisdicciones donde el financiamiento provincial es determinante para sostener tarifas accesibles. El SEF reorganiza el nivel nacional, pero no integra el sistema federal, lo que hace inviable la pretensión de “unidad”.
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Complejo
En línea de lo antedicho, la premisa de “reglas claras y simples” suena a promesas inviables. El mapa real es mucho más complejo de lo que contempla el SEF. Las provincias tienen facultades regulatorias, definen sus propios cuadros tarifarios y, en muchos casos, sostienen programas de tarifa social que resultan decisivos para garantizar accesibilidad económica.
A esta heterogeneidad general se suma un elemento adicional que agrava la situación: en muchos casos los beneficios tarifarios no actúan de manera automática, sino que requieren que cada hogar realice gestiones administrativas específicas. Estos regímenes “a demanda” presuponen que las personas conocen la existencia del beneficio, identifican el organismo competente, comprenden los requisitos documentales y realizan el trámite en tiempo y forma. Sin embargo, la evidencia relevada muestra que hay usuarios que desconocen los pasos necesarios o no logran completarlos debido a la dispersión normativa y a la ausencia de canales de información claros.
En nuestro relevamiento, identificamos usuarios de barrios populares en 12 provincias diferentes que estaban pagando una tarifa de N1 (correspondiente a altos ingresos), cuando sus condiciones patrimoniales y de ingresos deberían haberlos hecho tener el beneficio de descuentos por subsidios. Como consecuencia, numerosos hogares que cumplen las condiciones de elegibilidad no acceden a los beneficios vigentes.
En esta línea, se hallaron regímenes provinciales poco conocidos (como, por ejemplo la Tarifa AUH plana en La Rioja, Tarifa Social plana de Santa Fe, Tarifa Social Plana en Córdoba), y otros que están publicados pero no suelen ser aplicados (como la Tarifa Renabap en Salta o la tarifa Social en Chaco, que no pudimos verificar su aplicación más allá del cuadro tarifario).
El diseño de los beneficios presupone que los hogares cuentan con información suficiente, capacidades administrativas, recursos tecnológicos y conectividad para realizar los trámites necesarios. Esta misma lógica se reproduce en el proceso de inscripción al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), un trámite predominantemente digital que asume condiciones de conectividad, alfabetización digital y disponibilidad de dispositivos que no están garantizadas para amplios sectores de la población, en particular en los barrios populares.
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Opaco
Hoy en día “leer las facturas” es un ejercicio sumamente dificultoso, por lo que su entendimiento es prácticamente imposible. El análisis preliminar realizado por CISUR sobre facturas de todo el país identificó que la información es difícil de interpretar, se encuentra faltante o dispersa.
Por ejemplo, nos hemos encontrado con casos casos donde el costo del servicio de energía eléctrica es parte de una factura que incluye otros servicios y la diferenciación de que corresponde al consumo de energía eléctrica no es clara. A su vez, en términos estructurales se desconoce qué porcentaje de la tarifa corresponde a los costos de generación, de transporte y cuánto es por consumo.
El nuevo esquema se fundamenta en la necesidad de “transparentar el costo real de la energía” y trasladar una mayor proporción del precio final a los usuarios. Este posicionamiento se apoya en un diagnóstico según el cual los subsidios estatales se explican por consumos elevados de los hogares. No obstante, existen otras opiniones al respecto que muestran a la generación como el principal factor que explica el volumen de subsidios. Los responsables no serían los hogares con su consumo residencial, sino el alto costo de generación y la estructura de la cadena de suministro energética. Focalizar el problema en los usuarios sostiene un diagnóstico incompleto.
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Excluyente
En conjunto, en la mayoría de los regímenes analizados se presuponen dos rasgos estructurales que condicionan su alcance real: la exigencia de formalidad, ya que el subsidio sólo se aplica cuando existe un medidor individual asociado a un usuario; y la homogeneidad en las condiciones asumidas, que consideran la existencia de equipamiento eficiente y viviendas adecuadas. Ambos supuestos dejan fuera a una parte sustancial de la población que habita en barrios populares, donde la informalidad eléctrica, el uso intensivo de la electricidad para calefacción y cocción, y el déficit edilicio producen patrones de consumo que no se ajustan a los parámetros del régimen vigente.
Entender este punto es clave ya que la política tarifaria argentina no parte de una base homogénea, sino de un territorio donde el derecho al acceso formal no está garantizado y por otro lado, en los casos minoritarios donde se está conectado al sistema, la protección económica depende de medidas y normativas diversificadas.
El mensaje oficial habla de “focalización” y “equidad”, pero cuando se mira la realidad territorial aparecen tres grandes problemas con el nuevo esquema propuesto por el SEF:
- No incluye a quienes están fuera del sistema formal.
Si bien se menciona aplicar la tarifa subsidiada a los barrios incluidos en el ReNaBap como criterio geográfico de inclusión, los barrios populares quedan excluidos por diseño: no hay tarifa que subsidiar donde no hay infraestructura eléctrica, cobertura ni conexión formal.
- Los topes de consumo no reconocen las condiciones de vida.
Se propone un esquema de segmentación mucho más tajante que el existente: sólo dos categorías que se regirán según ingresos y patrimonio. La cobertura alcanzará a quienes cumplan criterios de ingresos y habrá cambios en los parámetros de exclusión, mismo la aplicación de topes de consumo.
Una familia sin gas, con déficit térmico, artefactos de alto consumo ya con dos estufas eléctricas y un termotanque supera fácilmente los 1050 kWh mensuales. Con estos topes, incluso con subsidio, pagará valores imposibles.
Este diseño contrasta con el esquema vigente, en el que los hogares de ingresos bajos acceden a un subsidio del 65% con un tope de 350 kWh mensuales, mientras que los hogares de ingresos medios cuentan con una bonificación del 50% hasta los 250 kWh, extendida de manera uniforme a lo largo del año.
- No aborda la desigualdad térmica urbana, que expone a las zonas más vulneradas a temperaturas más extremas y a una mayor demanda energética para mantener condiciones mínimas de habitabilidad.
El nuevo esquema suele presentarse como una operatoria que afectaría prioritariamente a los usuarios de mayor poder adquisitivo, antes que a los hogares de menores ingresos. Sin embargo, un análisis detallado de sus parámetros revela una dinámica diferente. Aún aquellos hogares que mantengan el acceso al subsidio enfrentarán un aumento efectivo en el costo del servicio, como resultado de la reducción de los topes de consumo subsidiado y de la limitación temporal del beneficio a determinados meses del año. El riesgo es que, ante tarifas altas, se produzca una imposibilidad económica y se recurra a la informalidad.
En este contexto, la medida tiende a reproducir un sesgo regresivo: el decil de menores ingresos destina una proporción de sus ingresos al pago de la factura superior a la del decil de mayores ingresos, lo que refuerza un esquema que beneficia comparativamente a los sectores de mayor capacidad económica y debilita la protección de quienes más requieren asistencia estatal.
Según el Informe “El acceso a la energía y la sostenibilidad del abastecimiento” de UDEA (2023), basado en publicaciones de la Subsecretaría de Planeamiento Energético a partir de la información relevada por la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares de los años 2017 y 2018, claramente para aquellos hogares que más ingresos tienen, menos representa el costo de la tarifa en relación de su ingreso económico.
En su expresión, el SEF se formula como si no comprendiera aquello que denuncia. Un análisis desde la realidad de los barrios populares muestra que el nuevo sistema mantendría la misma lógica estructural del esquema actualmente existente y, en algunos aspectos, profundiza sus limitaciones.
UNA POLÍTICA TARIFARIA COMPATIBLE CON LA INTEGRACIÓN SOCIO URBANA: consideraciones para el acceso a la energía con un enfoque en barrios populares
La discusión sobre el nuevo esquema de subsidios energéticos que impulsa el Gobierno Nacional abre una oportunidad imprescindible para revisar los supuestos que han guiado históricamente la política tarifaria en Argentina. Hasta ahora, la arquitectura del sistema se ha construido sobre la lógica del usuario residencial formal, con servicios medidos individualmente, capacidad de pago comprobable y consumos energéticos relativamente homogéneos.
La actual consulta pública sobre subsidios focalizados propone avanzar hacia un esquema basado en capacidad de pago y eficiencia energética. Sin embargo, para que estos criterios no profundicen desigualdades, es necesario incorporar una perspectiva territorial que contemple la singularidad del hábitat popular: inexistencia de red y servicio para un 70% de la población, mayor exposición a temperaturas extremas, imposibilidad de controlar el consumo por falta de aislación térmica (usuarios electrointensivos per se), artefactos de alto consumo como única alternativa, y una demanda eléctrica incrementada por ausencia de gas y agua segura.
En este contexto, esta nota de opinión plantea una posición clara: la reforma tarifaria debe incluir un régimen especial para barrios populares que garantice acceso asequible, seguro y compatible con los procesos de integración urbana en marcha. No se trata de un privilegio sectorial, sino de reconocer que el punto de partida es distinto y que la universalización del derecho a la energía exige instrumentos diferenciados.
No es necesario inventar desde cero, Salta tiene una tarifa específica para los habitantes de barrios populares “Tarifa RENABAP”, La Rioja tiene una tarifa plana “AUH” para los habitantes que perciben haberes mínimos y tanto Córdoba como Santa Fé contemplan la situación de los habitantes que viven en barrios populares con tarifas planas y económicas.
Como caso de estudio representativo, la experiencia de Mar del Plata entre 2021 y 2023 ofrece resultados significativos sobre el impacto de las obras de integración sociourbana en barrios populares. La primera obra fue en Barrio El Caribe, se realizaron 138 instalaciones intradomicliarias eléctricas, la empresa prestadora extendió el tendido de media tensión, repotenció el servicio e hizo el tendido de baja tensión. Luego de 18 meses de la intervención se analizó la situación y se encontró con que el 92% de las familias mantienen su situación normalizada. Es importante aclarar que el 75% de las viviendas familiares tienen tarifa social. En Mar del Plata desde el año 2000 existe una tarifa especial de interés social que solo cobra 300kwh por bimestre, lo cual facilita una tarifa asequible para los sectores bajos. En paralelo se realizaron obras en el barrio Villa Evita 339, son intervenciones intra domiciliarias de agua, luz y cloaca. Analizado también, tras 18 meses desde su finalización, el 87% del barrio se encuentra regularizado y sólo el 12% pasó a la irregularidad en 18 meses. En este caso un porcentaje menor, el 66% cuenta con tarifa social.
Los ejemplos existentes demuestran que es posible diseñar políticas de acceso a la energía eléctrica más justas y eficaces cuando se parte de una comprensión integral de las condiciones de vida en los barrios populares. Pensar los subsidios únicamente desde la lógica del consumo o del ingreso, sin atender a las brechas territoriales de infraestructura, a las condiciones habitacionales y a los patrones de uso forzados de la electricidad, conduce a soluciones parciales y socialmente insostenibles. Incorporar una perspectiva territorial implica articular la política tarifaria con la política de integración socio urbana, combinando obras de infraestructura, mejoras intradomiciliarias, esquemas tarifarios diferenciados y acompañamiento comunitario. Sólo a través de enfoques integrales y situados será posible garantizar un acceso seguro, asequible y sostenible a la energía eléctrica, ampliando derechos y reduciendo desigualdades estructurales en los barrios populares.
Citas:
¹ Monitor Barrios Populares, RENABAP – Observatorio de Barrios Populares. Disponible en: https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/0a127285-4dd0-43b2-b7b2-98390bfd567f/page/klATC
De los barrios populares a la ciudad formal. Aportes para un plan nacional de integración socio-urbana. FUNDAR, Disponible en: https://fund.ar/publicacion/de-los-barrios-populares-a-la-ciudad-formal-aportes-para-un-plan-nacional-de-integracion-sociourbana/
² La tabla está realizada en base a los cuadros tarifarios vigentes publicados por las empresas o entes de gobierno distribuidores de energía a fecha de noviembre de 2025. El cálculo de costo fijo y variable es antes de impuestos. Para el cálculo se tomó en consideración la situación de una familia de 4 integrantes que pueda acreditar su situación de vulnerabilidad socioeconómica. A efectos de poder comparar con otros estudios sectoriales se tomó un consumo base de 150kwh/mes o 300kwh/bimestre.