La otra sequía: falta de acceso al agua potable en la Argentina urbana y popular

Por Axel Pirone, Bianca Giagante y Anita Corvalan junto al Equipo Dirección de Planifiación en Infraestructura, Tierra y Vivienda.

Acceso desigual, políticas fragmentadas y la urgencia de una agenda federal que garantice el derecho al agua para todos y todas.

El agua en el centro del debate

El problema del agua en Argentina es complejo, multidimensional y con impactos disímiles según el territorio. A pesar de contar con una de las mayores reservas de agua dulce del planeta, millones de personas dentro del territorio nacional no cuentan con acceso seguro al agua. Varias son las dificultades: falta de planificación a largo plazo, escasa y desigual inversión sostenida en obras hidráulicas, tratamiento insuficiente de efluentes y ausencia de marcos regulatorios y esquemas de control claros. Esta paradoja entre abundancia y carencia se traduce en desigualdades persistentes y crecientes, lo que evidencia una deuda histórica que debe ser abordada desde una perspectiva integral, federal y con foco en las zonas más olvidadas.

EN CIFRAS:

5 millones de personas viven en barrios populares con acceso precario al agua
57% de los barrios populares incluidos en el RENABAP tiene conexión irregular de agua
83,9% es el acceso promedio nacional (Censo 2022)
900 prestadoras de agua operan de forma fragmentada en el país
1,2 millones de familias habitan en 6.467 barrios populares

Mientras los grandes modelos extractivos consumen enormes volúmenes de agua potable, el Estado se ve debilitado por la paralización de la obra pública, la amenaza de privatizaciones de las entidades prestadoras del servicio y la inactividad de los organismos reguladores. A esto se suman catástrofes ambientales recientes —como las inundaciones de Bahía Blanca durante el invierno de este año— que muestran la falta de infraestructura adecuada ante el cambio climático. Todo esto se enlaza con la vida cotidiana de miles de familias que, en lugar de abrir la canilla y encontrar agua segura, se encuentran con barro, deben salir a buscarla en baldes o conviven con fuentes contaminadas por pozos ciegos, fertilizantes o pesticidas.

Desde este punto de vista, el acceso al agua no puede pensarse como un servicio más, sino como un derecho humano básico y universal. El 7 y 8 de agosto de 2025, Mar del Plata fue sede del XXVIII Congreso Nacional del Agua (CONAGUA), un encuentro que reunió a referentes del sector público y privado, académicos, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil para debatir el futuro de la gestión hídrica en Argentina.

Organizado por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, junto al CFI, la Universidad Nacional de Mar del Plata y el CIIAAA, el Congreso puso en el centro de la agenda los desafíos para garantizar el acceso y uso sostenible del agua para el conjunto de la población y especialmente en el contexto de eventos climáticos extremos. En línea con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la ONU en 2015, el encuentro buscó alinear las discusiones nacionales con los compromisos internacionales, promoviendo una mirada integral sobre la gestión del recurso hídrico en sus múltiples dimensiones.

Se abordaron temas como gobernanza, calidad y monitoreo, cambio climático, tecnologías e innovaciones.

En lo que respecta a la deuda histórica en el acceso al agua segura para las millones de personas que viven en barrios populares hubo algunas instancias de debate que habilitaron la inclusión del tema, como el panel “Cooperativismo y brechas de acceso a servicios públicos” o la “Mesa de debate: Agua y saneamiento” donde se incluyó la necesidad de coordinar obras de infraestructura junto con programas de suelo urbano que permitan un crecimiento ordenado, justo e inclusivo de las ciudades. Sin embargo, a pesar de ser el déficit más profundo que nuestro país atraviesa no ha sido el eje transversal del encuentro.

Nos proponemos en las próximas líneas hacer hincapié en esta dimensión y tratar de esbozar algunos elementos que aporten a la discusión y a poner en el centro del debate el acceso al agua segura para el conjunto de la población.

La infraestructura adecuada para los más pobres: una deuda estructural, masiva y de largo aliento

Más de 1,2 millones de familias habitan en los 6.467 barrios populares del territorio argentino. Esto implica que más de 5 millones de personas viven con vulnerabilidades múltiples: seguridad en la tenencia de la tierra, falta de acceso a servicios básicos, una vivienda adecuada y la vulneración de derechos sociales fundamentales. El RENABAP (Registro nacional de Barrios Populares) institucionalizado a través del Decreto 358/17, reúne esta información y constituye una herramienta clave que permite dimensionar la magnitud del déficit habitacional y de infraestructura. Al mismo tiempo, ofrece datos oficiales para planificar políticas públicas de manera más justa y en orden de prioridad.

Tal como este centro menciona en cada publicación, este, define “barrio popular”, a aquellos territorios en los que viven al menos ocho familias agrupadas o contiguas, donde al menos más de la mitad de su población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos, o más, de los servicios básicas: red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal. En su última actualización del 2023, incorpora a los barrios constituidos entre 2016-2021 y a los de poblaciones de entre 2 y 10 mil habitantes. El RENABAP está compuesto en un 80% por asentamientos, 18% villas y el resto por conjuntos habitacionales.

Estos relevamientos, evidencian la diversidad de situaciones que atraviesan los barrios populares y construyen en simultáneo, una mirada global sobre el problema estructural de acceso a la tierra y a un techo adecuado y permite reconocer la complejidad de cada territorio. No se trata solo de el déficit de infraestructura sino que involucra dimensiones territoriales, culturales, sociales y económicas que definen la forma en que se vive y se accede a derechos básicos en cada comunidad.

Según los datos relevados por el RENABAP (2023) y en relación a la densidad poblacional registradas por el INDEC en cada provincia (2022), el nivel de abastecimiento de los servicios de agua y cloaca difieren en cada zona del país: las cordilleranas de norte a sur —junto con Córdoba, Tucumán y San Luis— alcanzan niveles de acceso al agua superiores al 85% de los hogares. Sin embargo, en provincias como Salta, Mendoza y Rio Negro mas del 80% de la población que habita en los barrios populares no accede al agua potable. Es decir que a menor densidad poblacional hay mayor acceso al agua, pero ese abastecimiento no cubre las zonas más vulnerables.

Otras regiones del país presentan un panorama más crítico. Las provincias litoraleñas, junto con Buenos Aires, La Pampa y Santiago del Estero, apenas superan en promedio el 80% de hogares con acceso a agua segura. Y las jurisdicciones con mayor número de barrios populares —Buenos Aires, Santa Fe, Chaco y Misiones—, figuran entre las peor abastecidas del país.

Estos datos reflejan la brecha estructural: precisamente en los lugares donde más personas necesitan soluciones urgentes, el acceso al agua segura es más limitado.

Total de barrios populares y densidad poblacional, por provincia. Fuente: Elaboración propia según Censo 22 y RENABAP 21.

Es evidente que frente a esta heterogeneidad de territorios y comunidades, las respuestas a sus necesidades deben ser igual de complejas y particulares. Esto abre, necesariamente, preguntas en múltiples dimensiones y escalas: ¿cómo planificar un servicio público desde una perspectiva verdaderamente federal sin perder la escala local? ¿De qué manera el acceso al agua contribuye a fortalecer la soberanía y a potenciar las economías regionales en los territorios? ¿Cómo se puede colaborar en el diseño de redes entre ciudades intermedias y pueblos rurales que permitan redistribuir la población y mejorar la calidad de vida en todo el país? ¿Cómo articulan el desarrollo productivo y el habitar ciudadano?

La integración socio urbana como una política pública con perspectiva popular

La Secretaria de Integración Socio Urbana (SISU) creada en 2018 y puesta en funcionamiento entre 2019-2023, hoy se ha convertido en una Subsecretaría bajo la órbita del Ministerio de Economía. Este espacio estatal ha sido gestado al calor de las experiencias de lucha de los movimientos populares por el acceso a un Techo digno y un pedazo de tierra donde vivir. Vecinos y vecinas organizados en organizaciones sociales, cooperativas de trabajo, espacios comunitarios entre otros han impulsado una agenda propia que tuvo como hito constitutivo la promulgación de la Ley 27.453 y el reconocimiento de la necesidad de financiar y gestionar una política pública que mejore las condiciones de vida de la totalidad de los barrios populares. Desde el 2019 hasta el 2023 la SISU llevó adelante programas de diferente escala y magnitud: lotes nuevos con servicios públicos, proyectos para los barrios de saneamiento, mitigación ambiental y eliminación de barreras urbanas, obras para la accesibilidad y conectividad, como también equipamientos sociales, comunitarios, espacios libres y públicos. A su vez, desarrolló programas para la regularización dominial y seguridad en la tenencia de las familias; y otros para el mejoramiento de viviendas, el fortalecimiento de las actividades socio productivas, comunitarias.

La implementación de proyectos en barrios RENABAP y en loteos con servicios se estructuró a partir de tres fuentes de financiamiento. El principal que representó el 85.53%, es el Fondo de Integración Socio Urbano (FISU), creado por el Dto 819/19 – definido por la Ley de Barrios Populares 27.453 – que contó con la asignación específica del Aporte solidario y Extraordinario a las grandes fortunas y el Impuesto PAIS (Para una Argentina Inclusiva y Solidaria). El segundo, que implica el 12.6% del presupuesto, corresponde a Fondos nacionales de los programas Argentina Unidad por la integración de Barrio Populares y Casa Propia – Construir futuro (MDTyH). Por último, el 1.86% corresponde al préstamo N°4804/OC-AR del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). También se destaca el financiamiento del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires en proyectos de viviendas en barrios RENABAP.

Hitos en la historia de la SISU

Fuente: elaboración propia

A lo largo de este periodo, se consolidó un marco legal respaldado por consensos políticos en torno a los déficits estructurales del hábitat y a la necesidad de contar con presupuestos adecuados para diseñar e implementar soluciones a mediano y largo plazo para millones de personas en Argentina. En ese marco, se promovió una articulación activa entre asociaciones civiles, entidades de la economía popular, gobiernos provinciales y municipales, así como con vecinos y vecinas de los barrios populares y otras formas de organización comunitaria.

Desde un enfoque federal y de integración, la SISU ejecutó obras de acceso a redes de agua y cloaca a escala barrial, alcanzando aproximadamente 1 millón de metros lineales de red de agua y 630 mil de red cloacal. A nivel de vivienda, se realizaron tanto conexiones intradomiciliarias como instalaciones internas: las primeras suman unas 80 mil conexiones de agua y 56 mil de cloaca, mientras que las segundas comprenden 40 mil unidades de agua y 20 mil de cloaca. Además, se llevaron adelante obras de mitigación vinculadas al riesgo hídrico, fundamentales en muchos barrios populares expuestos a inundaciones o anegamientos.

Como vemos en los gráficos 1 y 2, las obras se desarrollaron principalmente en la región centro, que como vimos en el análisis anterior, es la zona más densa y más vulnerable en términos federales.

Fuente: elaboración propia

Como venimos reflexionando, el acceso de los barrios populares a los servicios básicos es una deuda estructural aún incluso después de la política de gran impacto como la de la SISU. La comparación entre los datos globales del último censo y el Observatorio Nacional de Barrios Populares, evidencian la vulnerabilidad de estos últimos. Un claro ejemplo es la provisión de agua, según el Censo un 83.9% de la población accede, mientras que el 57% de los RENABAP tiene una conexión irregular de agua. Otro punto es el acceso a desagües cloacales, garantizado según el Censo a 57.4% de la población argentina, mientras que el 66% de los RENABAP tiene desagüe cloacal a pozo negro y el 26% a cámara séptica y pozo ciego.

Esto nos invita a abrir nuevas preguntas en distintas dimensiones. En primer lugar, ¿Cómo abordar la problemática del acceso a los servicios públicos en el marco de una planificación estratégica a mediano y largo plazo, que logre articular obras de infraestructura relevantes con otras esferas como la productiva y la de la distribución poblacional?

En segundo término, ¿de qué manera fortalecer la articulación interjurisdiccional y regional, construyendo una base de datos única que —al igual que el RENABAP o el Censo—, desde un enfoque federal pero con mirada particularizada, pueda sistematizar diagnósticos, obras realizadas y previsiones de prestadoras y programas locales? Finalmente, ¿cómo promover la información y la participación popular para que la población no solo acceda a datos claros, sino que también construya demandas colectivas en torno a la garantía de los derechos básicos?

Radiografía del agua, un derecho federal

Se estima que existen unas 900 prestadoras para los servicios de agua y saneamiento, pero no encontramos un registro integral unificado que nos ayude a identificar con claridad quiénes son los encargados de administrar dichos servicios a lo largo del territorio nacional en su conjunto. La gran mayoría de las prestadoras son cooperativas y los mismos municipios, además de sociedades anónimas de capital privado y/o concesionadas.

De la mano con la falta de información de cuáles son, en su totalidad, las empresas prestadoras, se suma la falta de información accesible en cuanto al estado actual de las redes de infraestructura y su cobertura. Si bien existen varios visualizadores nacionales, provinciales y locales, y algunos otros que unifican la información pública que brindan dichos visualizadores, los datos que aportan son generalizados, lo que dificulta su uso como herramienta para el diagnóstico y planificación estratégica de las diferentes infraestructuras. Se podría decir entonces, que la falta del acceso a la información es una de las mayores problemáticas, además de la falta de actualización de los datos que se encuentran publicados (la mayoría dejaron de actualizarse en 2023 y recién en 2024 se mapearon los datos censales definitivos de 2022).

Por otra parte, las principales empresas prestadoras que si se conocen no cuentan con sistemas de visualización que indiquen la superficie total abastecida, lo cual dificulta aún más encaminar la planificación de ampliación de redes y zonas de cobertura en línea con el crecimiento urbano.

Como ya hemos visto, si analizamos los datos del Censo 2022 y los datos relevados por el RENABAP, queda en evidencia la necesidad y la importancia de la presencia del estado para que los servicios básicos lleguen a los barrios populares. Entonces, ¿cuáles son las diferentes problemáticas y/o dificultades que hay que enfrentar para lograr el acceso mayoritario a los servicios de agua y saneamiento?

Factor económico: la falta de financiamiento adecuado para la planificación, ejecución, ampliación y mantenimiento de redes de infraestructura, sumada a la paralización y neutralización de las obras públicas a nivel nacional, constituye una de las principales barreras estructurales. Además, una vez extendidas las redes, la elevada facturación y la escasa implementación de subsidios (particularmente en el interior del país en comparación con el AMBA) desincentivan la conexión formal de los hogares. Esta situación profundiza las desigualdades existentes, afectando especialmente a los sectores más vulnerables —como pueblos originarios, mujeres, niños y diversidades— e impidiendo que los barrios populares accedan plenamente a un derecho esencial como el agua y el saneamiento.
Situación geográfica: mientras que las grandes ciudades suelen contar con una cobertura significativa de redes de infraestructura, en las zonas rurales y alejadas de los centros urbanos el acceso al agua potable y al saneamiento es prácticamente inexistente. Esto se debe tanto a la escasez de recursos hídricos disponibles para la captación y el tratamiento de efluentes, como a la baja rentabilidad de las obras requeridas, que muchas veces son consideradas inviables desde una lógica de mercado. Esta situación refuerza la necesidad de una planificación territorial con criterios de equidad, que garantice el derecho al agua más allá de la densidad poblacional o del rendimiento económico.
Dispersión y falta de información: al no contar con información centralizada y mapas de cobertura, es muy complejo desarrollar planes que prevean la provisión del servicio en las distintas regiones, teniendo claridad sobre quien y donde hay que hacerlo.

Por su parte, en los últimos meses han acontecido algunos hecho que profundizan la problemática como la disolución de ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento), dispuesta por el gobierno nacional. Este hecho significó el desmantelamiento del principal organismo técnico y financiero para la ejecución de obras de agua y saneamiento en todo el país y agravó la dispersión institucional existente y generó un vacío de coordinación que afectó tanto la continuidad de proyectos en curso como la planificación de nuevas intervenciones. La ausencia de una entidad rectora limita la capacidad de articulación entre jurisdicciones y fragmenta aún más el sistema de provisión de servicios esenciales.

El CONAGUA 2025 reflejó esa tensión, que, a la par que se discuten innovaciones tecnológicas o impactos del cambio climático, se evidenció un gran vacío en relación con la situación real en los barrios populares.

Esta fragmentación multisectorial impide un diagnóstico integral de la situación hídrica y complica tanto la planificación de obras como el monitoreo de la calidad del agua, el tratamiento de efluentes o la gestión de cuencas. Hacer visible esta desarticulación institucional y técnica es un paso necesario para construir una política hídrica nacional con la mirada puesta en el territorio.

Durante el período neoliberal, muchas prestadoras fueron privatizadas con promesas de eficiencia que no se cumplieron. Con el retorno de modelos más estatales, varios servicios fueron recuperados por el Estado nacional o Estados provinciales, con énfasis en el control público y la reinversión. AYSA, por ejemplo, que ya había sido realizada en los años ’90 bajo el proceso general de reforma del Estado y fue re-estatizada en 2006, hoy vuelve a estar amenazada por su venta a capitales privados. Esto es parte de la historia oscilante de la gestión del agua en la Argentina. Este vaivén, en algunos casos, responde a decisiones ideológico-partidarias que a evaluaciones estructurales estratégicas, dejando una infraestructura fragmentada y con niveles de cobertura muy dispares en todo el país.

Aspectos claves para una agenda integral que garantice el acceso al agua potable

A pesar de los avances logrados en políticas públicas orientadas a ampliar el acceso al agua, persisten obstáculos estructurales que impiden construir una estrategia federal, justa y sostenida en el tiempo. La fragmentación institucional, la falta de información articulada y la desigualdad territorial configuran un panorama complejo. A continuación, se enumeran algunas de las principales brechas que a nuestro criterio deben ser abordadas para avanzar hacia una gestión hídrica inclusiva:

Inversión pública sostenida para la infraestructura para todos los Barrios Populares: Lograr la inclusión a sistemas seguros de agua potable y saneamiento en todos los Barrios Populares sin acceso tiene que ser una prioridad y para ello se requiere de avanzar en los puntos que mencionamos a continuación.

Información centralizada, federal, articulada y monitoreada: Es absolutamente necesario consolidar una plataforma unificada de diagnóstico, monitoreo y planificación que articule datos sobre acceso, calidad, infraestructura y gobernanza. Los visualizadores actuales como el Geoportal de Obras Públicas, IDERA o IGN presentan información parcial y desconectada de fuentes clave como RENABAP, censos o registros provinciales, lo cual dificulta el diseño de políticas efectivas y sostenidas. A su vez, es fundamental generar sistemas públicos, accesibles y regulares de medición de calidad del agua que permitan controlar contaminantes críticos como arsénico, metales pesados o bacterias. Esto permitiría mejorar directa e indirectamente la salud pública y ampliar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

Sistemas de tratamiento y disposición de efluentes mediante propuestas alternativas: Muchos barrios populares carecen de redes cloacales o plantas de tratamiento. La descarga directa de efluentes sin tratamiento incrementa la contaminación ambiental y sanitaria. Promover sistemas de tratamiento desvinculados y modulares de bajo costo, mediante estrategias nacionales y provinciales para su abordaje progresivo.

Gobernanza articulada, co-responsable y fortalecimiento de capacidades técnicas y financieras: Las cuencas atraviesan múltiples jurisdicciones, pero faltan mecanismos de gobernanza con participación de todos los actores (municipios, provincias, Nación, organizaciones no gubernamentales y el sector privado). Ampliar y mejorar los mecanismos de coordinación interjurisdiccional que permita una gestión sostenible del recurso como el ACUMAR, COMIREC, COMILU. A su vez, es importante implementar estrategias para reducir las brechas entre jurisdicciones en cuanto a recursos humanos, herramientas técnicas y presupuestos.
Planificación a corto, mediano y largo plazo de infraestructura: Se requieren marcos normativos y técnicos que permitan procesos de formalización gradual, integrando redes comunitarias, soluciones descentralizadas y etapas intermedias adaptadas a la realidad de los barrios. Las dotaciones, caudales y dimensiones deben basarse en consumos reales, hábitos culturales y condiciones territoriales específicas, en lugar de replicar modelos rígidos que no se adaptan a la diversidad de contextos.
Soluciones basadas en la naturaleza: El uso de humedales, zanjas vegetadas, reservorios y captación de agua de lluvia puede complementar de forma efectiva las redes convencionales, especialmente en zonas donde no es viable una conexión inmediata.

FUENTES