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El acceso a la energía eléctrica desde los barrios populares

Dic 5, 2025 | NOTA

Por Lucila Deimundo Roura, Isaac Melian junto al Equipo Energía Eléctrica CISUR

El problema de la electricidad, y en particular del costo de la tarifa del servicio, irrumpe de manera recurrente en la agenda pública argentina generando repercusiones de gran relevancia política. Sin embargo, rara vez se incorpora la perspectiva del problema desde las periferias urbanas.

 

En la actualidad parece haber un acuerdo general sobre la necesidad de segmentar las tarifas y fijar topes de consumo, pero pocas veces se menciona que, en amplios sectores populares, ni siquiera llega la red formal del servicio y por tanto, no existe una factura que segmentar.
Tampoco suele tenerse en cuenta, cuando se definen los topes para los subsidios, que muchas familias de los barrios populares hacen, inevitablemente, un uso intensivo de la electricidad para alcanzar condiciones mínimas de habitabilidad: no tienen red de gas, viven en viviendas deficitarias y utilizan artefactos eléctricos de baja eficiencia.
Más grave aún es la escasa atención a los incendios y accidentes que se producen cotidianamente como consecuencia de instalaciones eléctricas precarias y de la falta de alternativas seguras para el acceso a la energía.
Con este artículo, el Centro para la Integración Socio Urbana (CISUR) busca contribuir a ampliar esa mirada, abordando las múltiples dimensiones que adopta el problema eléctrico desde los barrios populares e inaugurando un nuevo eje de trabajo orientado a la inclusión energética con justicia social.

En los barrios populares del país, el acceso a la energía eléctrica resulta un problema cotidiano. Las conexiones precarias, los accidentes domésticos, los cortes frecuentes y las tarifas inaccesibles configuran un escenario en el que la electricidad -condición básica para la vida urbana- se vuelve un servicio inseguro, costoso y desigual.

En estos entornos, gran parte de los hogares carece de conexiones regulares a los servicios urbanos imprescindibles para iluminar, calefaccionar, cocinar, conservar alimentos o incluso conectarse a internet. De acuerdo a los datos publicados por el Monitor de Barrios Populares del Observatorio del Registro Nacional de Barrios Populares, en el 66,18% de los barrios relevados la mayoría de las familias no accede a la energía por medio de conexiones formales y con factura.

Fuente: Monitor de Barrios Populares. Observatorio de Barrios Populares, ReNaBap.

En ausencia de red formal, la energía para cocinar y calefaccionar proviene principalmente de garrafas y leña, fuentes que implican esfuerzos de traslado o acopio, y que, cuando se utilizan sin una correcta ventilación o mediante equipos inadecuados, incrementan el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono. A ello se suma, en muchos casos, el uso de artefactos eléctricos de alto consumo y de conexiones no normalizadas, que junto a condiciones de edificación precarias, eleva la probabilidad de accidentes eléctricos e incendios. En tales condiciones, los riesgos para la vida y la integridad física de las personas son inminentes.

Abordar el problema de la electricidad en los barrios populares de la Argentina implica reconocer las formas en que las familias resuelven el acceso a la energía y los servicios considerados como básicos, asumir como prioritario bajar la exposición a los peligros a los que los habitantes se encuentran sometidos y desarrollar propuestas accesibles, seguras y sostenibles. El desafío no se limita a la extensión del tendido eléctrico, sino a la mejora integral de las condiciones habitacionales y de seguridad eléctrica, combinadas con esquemas tarifarios justos y una gestión comunitaria de la transformación de los barrios. Se trata de una realidad que afecta a más de 1.100.000 familias de nuestro país, resultando imperioso abordarlo con seriedad y de manera sistemática.

En este proceso intervienen una suma de actores. No se trata únicamente de los vecinos y vecinas de los barrios: interactúan las empresas distribuidoras; los gobiernos municipales con alta incidencia territorial en los barrios -y que en muchos casos cobran servicios a través de la tarifa-;  los gobiernos provinciales con sus entes reguladores responsables de controlar la calidad del servicio, proteger a los usuarios, determinar las tarifas y establecer regulaciones mínimas; el gobierno nacional con competencias en materia de políticas energéticas y programas de integración socio-urbana; y las organizaciones sociales, con su acompañamiento territorial y con capacidad identificación de demandas y gestión de soluciones comunitarias. La articulación entre estos niveles y actores es esencial para consolidar políticas integrales, técnicamente sólidas y sostenibles en el tiempo.

Desde esta perspectiva, es posible identificar tres dimensiones que estructuran el abordaje del acceso a la energía eléctrica en barrios populares:

  • Acceso seguro, servicio e instalaciones domiciliarias adecuadas que protejan la vida de las personas;
  • Regularización del tendido y sostenibilidad tarifaria, que permita a las familias mantener el servicio sin comprometer su economía; 
  • Consumo eficiente, que promueva la mejora de las condiciones materiales de las viviendas y aporte a la transición energética.

Estas dimensiones, abordadas de manera complementaria, permiten pensar políticas públicas que no sólo reduzcan el riesgo eléctrico, sino que amplíen derechos y mejoren la calidad de vida en los barrios populares a partir de una inclusión sostenible en el sistema de provisión de energía.

 

Vulnerabilidad de las familias y riesgo eléctrico: las condiciones de vida y amenazas a la seguridad

Según datos oficiales de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana, entre casi 8.400 viviendas relevadas en barrios populares de todo el país, el 26% registró cortocircuitos. Mientras que tan sólo el 34% cuenta con disyuntor, el 29% carece de térmica y el 56% presenta cableado expuesto fuera de la pared. 

Los cables improvisados, las conexiones sobrecargadas y la falta de térmicas y disyuntores convierten a muchos hogares en una trampa silenciosa. La inseguridad de las instalaciones combinada con precariedad constructiva, artefactos en mal estado y sistemas de ventilación inadecuados, generan un escenario de riesgo constante. En los sectores más vulnerables de nuestras ciudades, la electricidad puede ser tan necesaria como peligrosa.

Se suman estudios que describen esta situación. De acuerdo al relevamiento llevado a cabo por ACIJ y La Poderosa en 1.485 hogares: 93 viviendas sufrieron incendios sólo en el año 2024, y en el 70% de los casos el origen fue una falla eléctrica. Además, una de cada cuatro viviendas presenta riesgo inminente de electrocución al no contar con disyuntor. 

Fuente: Formas de volver al barrio. Un zoom a las condiciones de vida en los barrios populares. ACIJ y La Poderosa

En la Provincia de Río Negro, Enersa realizó un relevamiento identificando que dos de cada diez familias manifiestan que alguna vez sufrió una electrocución en su hogar, y una de cada tres alguna vez experimentó rotura de artefactos por problemas de tensión. En la localidad de Cipolletti, los Bomberos Voluntarios reportaron para el año 2025 un aumento sostenido de incendios domiciliarios, en su mayoría vinculados a instalaciones precarias. Casos como este se repiten en todo el país, donde falta infraestructura segura.

Fuente: En los barrios populares: El 20% de los hogares tuvo un incidente eléctrico. LM Cipolletti.

 

Es frecuente identificar programas de extensión del tendido de redes que declaran como objetivo garantizar la seguridad eléctrica de las familias. Sin embargo, este tipo de enfoque, limitado únicamente al tendido externo, suele omitir una dimensión crítica del problema: la exposición al riesgo eléctrico está fundamentalmente asociado a las condiciones del interior de las viviendas. Si bien la conexión al sistema formal constituye una condición necesaria para garantizar el acceso seguro a la energía, resulta insuficiente para asegurar la protección de los hogares. En numerosos barrios populares que ya cuentan con redes formales en sus calles y veredas, continúan registrándose siniestros eléctricos, incendios y pérdidas de vidas humanas originados en instalaciones intradomiciliarias obsoletas, sobrecargadas o ejecutadas sin los estándares técnicos requeridos. Para reducir las amenazas a la vida por el riesgo eléctrico los abordajes deben ser integrales, dotando de seguridad a las viviendas y terrenos donde habitan las familias de los barrios populares. 

Al respecto, la Secretaría de Integración Socio Urbana (2021-2023) alcanzó avances significativos al concretar más de 57.000 conexiones intradomiciliarias en distintos barrios del país. El objetivo principal de estas obras fue disminuir el riesgo eléctrico al interior de los hogares independientemente de la existencia o no de las redes formales de servicio. 

Los módulos de conexiones intradomiciliarias de electricidad garantizan los elementos básicos de una instalación eléctrica que cualquier vivienda debe tener: desde los dispositivos de protección (tablero con disyuntor y térmica), hasta la provisión de enchufes o las teclas para encender las luces. Cuestiones básicas de las que carecen 3 de cada 4 viviendas en los barrios populares. Técnicamente, se trata de la provisión del pilar de luz en el frente de la vivienda con su respectivo caño de acceso, pipeta y tablero primario; instalación del cableado subterráneo desde el pilar hasta el tablero secundario dentro de la vivienda y distribución de al menos 3 circuitos independientes de tomacorrientes, iluminación dentro de la vivienda y en su exterior con sus respectivos conductos que protegen los cables. 

Son módulos de  intervención de baja complejidad técnica, rápida ejecución y costo moderado, desarrollados con la participación de unidades productivas locales como cooperativas de trabajo de los propios barrios, que además promovieron instancias de formación en oficios y una perspectiva de género transversal incluyendo cuadrillas de mujeres y diversidades. Difícilmente se habría podido escalar la intervención si no se hubiera apoyado en el fuerte trabajo comunitario de las organizaciones: en general a una empresa constructora le resulta poco redituable intervenir en el interior de estas viviendas atendiendo a las demandas particularizadas de los vecinos. En definitiva, resulta un modelo de implementación eficiente, de alta replicabilidad y socialmente integrador.

Barrio Nuevo Golf 2018, Mar del Plata Provincia de Buenos Aires . Programa Instalaciones Seguras EET N°4 + EDEA + UNMDP 

 

Un ejemplo ilustrativo es el caso de Hábitat para la Humanidad Argentina, que a través de un Proyecto de Obra Temprana (POT) impulsado por la SISU, registró:
– Una reducción al 100% en las descargas eléctricas;
– Que el 96% de las familias manifestó sentirse más segura con su situación eléctrica tras la intervención;
– Una reducción del 52% al 8% la cantidad de cortes de luz por problemas en las viviendas.

Fuente: Impacto SISU. ¿Qué aportan las obras de Integración? Hábitat para la Humanidad Argentina

La reducción del riesgo eléctrico es indispensable para mejorar las condiciones de vida en los barrios populares. De tal forma, la incorporación de las familias al sistema formal de provisión de energía mediante conexiones intradomiciliarias adecuadas se constituye como un paso ineludible de cualquier política pública que aborde esta problemática.

Inclusión al sistema: Regularización del servicio y sostenibilidad del gasto familiar

El punto inicial para considerar la posibilidad de regularizar el servicio es proveerlo bajo los estándares técnicos de las distribuidoras, es decir, ejecutar las obras de tendidos de red eléctrica de media y baja tensión, para luego constituir un usuario formal con su respectivo pilar y medidor. Al respecto, todavía hay una enorme brecha en la formalización de las redes eléctricas. Tal como se da cuenta en los datos relevados por el Observatorio de Barrios Populares, de los 6.467 barrios del país sólo el 33.82% accede de manera formal a la red, cuenta con medidor domiciliario y recibe factura por el servicio.

La incorporación de familias al servicio eléctrico formal no sólo mejora la calidad de la provisión de electricidad y estabilidad del suministro, sino que potencialmente disminuye las pérdidas económicas¹ de las empresas distribuidoras y fortalece los mecanismos institucionales de resolución de demandas, disminuyendo la conflictividad territorial. Sin embargo, la sola existencia de redes formales y bajadas a los lotes familiares no garantiza una inclusión efectiva a la provisión del servicio. 

Se han identificado situaciones en las que, tras la ejecución de las redes de provisión y la instalación de medidores individuales, emergieron nuevas dificultades vinculadas a la asequibilidad del suministro en tanto las tarifas resultaron completamente impagables para los hogares. De este modo, la imposibilidad de sostener el costo del servicio amenaza con que se regrese a una situación de conexión informal.

La ausencia de una estructura tarifaria que contemple las diferencias socioeconómicas específicamente entre los hogares de barrios populares vuelve el servicio económicamente inaccesible. Debe considerarse que la mayoría de estos barrios carece de red de gas natural, lo que obliga a las familias a recurrir a la energía eléctrica para cubrir necesidades básicas como calefaccionar los ambientes, cocinar o disponer de agua caliente. Esta sustitución de fuentes incrementa significativamente los niveles de consumo respecto de los hogares ubicados en zonas con infraestructura formalizada. En tales situaciones, las familias se enfrentan a decisiones críticas: endeudarse para mantener el suministro, vivir con cortes frecuentes o desconectarse del sistema formal. En todos los casos, la falta de asequibilidad compromete la sostenibilidad del acceso y perpetúa las desigualdades energéticas.

La inclusión de las viviendas de barrios populares en el sistema formal de energía corre el riesgo de convertirse en un objetivo ingenuo o meramente declarativo si no se considera en conjunto a un adecuado sistema de segmentación tarifaria basado en la capacidad de pago y el patrón de consumo de las familias. Sin esta articulación, la formalización del servicio puede tornarse socialmente insostenible.

Caso Villa Evita, Mar del Plata

En el marco de un Proyecto de Obra Temprana (POT) de la Secretaría de Integración Socio Urbana, se intervinieron las 339 viviendas del barrio Villa Evita, mejorando las instalaciones eléctricas y garantizando la seguridad de las familias en un plazo de solo cinco meses. 

A partir de la articulación entre la organización Soporte y la distribuidora EDEA, que cuenta con un esquema de tarifa de interés social, seis meses después de finalizadas las obras el 70% de los hogares contaba con acceso regular al servicio eléctrico. 

La experiencia evidencia que la combinación de mejoras habitacionales, coordinación interinstitucional y tarifas accesibles permite reducir el riesgo eléctrico, avanzar en la formalización del servicio y disminuir las pérdidas no técnicas de las prestatarias.

Asegurar la permanencia de los hogares dentro del sistema exige avanzar hacia políticas que reconozcan las condiciones de vida para alcanzar una inclusión energética plena y perdurable en el tiempo.

Consumo y eficiencia energética

Las consideraciones sobre el consumo de los hogares en barrios populares suelen simplificar un problema más complejo. Con frecuencia, la explicación del alto consumo eléctrico en estos contextos se atribuye principalmente a la falta de educación o de conciencia sobre el uso racional de la energía. Responsabilizar a las familias por un uso desmedido, sin considerar que la mayoría de los hogares carece de acceso a otras fuentes de energía y habita viviendas con deficiencias constructivas severas, puede conllevar a posturas sesgadas. De acuerdo a lo antedicho, en los barrios populares la electricidad cumple funciones múltiples: calefacción, cocción, iluminación y calentamiento de agua. En estos casos, el mayor consumo no expresa derroche, sino la búsqueda de condiciones mínimas de habitabilidad ante la falta de opciones más seguras y eficientes.

A modo de ejemplo, una familia de cuatro personas que utiliza para calefaccionarse únicamente dos estufas eléctricas -por su bajo costo de adquisición- durante ocho horas diarias, junto con un termotanque eléctrico, alcanza consumos del orden de 2.100 kWh bimestrales. Esta cifra duplica o incluso triplica el promedio registrado entre la totalidad de usuarios de energía eléctrica regular. 

Dicho cálculo no incluye el uso de otros electrodomésticos, tampoco considera que los ingresos de las familias de barrios populares solo alcanzan para los artefactos eléctricos más económicos que suelen ser los menos eficientes en términos energéticos. Aún más, el ejemplo no tiene en cuenta las condiciones edilicias propias de las viviendas populares.

Santiago Filipuzzi

Al respecto, estudiosos del tema² buscan visibilizar que el consumo energético en los barrios populares está profundamente atravesado por una realidad menos visible pero determinante: la desigualdad térmica urbana. Los habitantes de zonas urbanas vulneradas están más expuestos a variaciones y extremos de temperatura que aquellos que residen en áreas formalizadas, lo que incrementa tanto las necesidades de climatización como los riesgos asociados al calor extremo. Esta inequidad térmica se explica por factores multiescalares: a nivel urbano, la alta densidad de edificaciones, la escasez de áreas verdes y la precariedad del entorno construido generan islas de calor que elevan la exposición ambiental; mientras que, a nivel de las viviendas, materiales de baja calidad, ausencia de aislación, techos de chapa y situaciones de hacinamiento reducen drásticamente la capacidad de las familias para mantener condiciones habitables sin recurrir a un uso intensivo de electricidad.

El cambio climático profundiza aún más esta disparidad, incrementando la frecuencia e intensidad de olas de calor y, con ello, la presión sobre hogares que ya presentan déficits habitacionales severos. Incorporar esta perspectiva es clave para comprender que la eficiencia energética no puede reducirse a cambios de comportamiento, sino que requiere intervenciones integrales. Al respecto, el Informe del CISUR “Vulnerabilidad Climática en barrios populares: desafíos de la Integración Socio Urbana” da cuenta de la vulnerabilidad climática de las viviendas en barrios populares y la relevancia de las acciones de refacción edilicia. La implementación de obras integración socio urbana, mejora la calidad constructiva de las vivienda a través de la optimización de la aislación de paredes, pisos y techos, como también, incluyendo dispositivos de bajo consumo y fuentes de energía renovable, contribuyendo así a un uso más eficiente de la energía y mejorando el aislamiento térmico.

Abordar la eficiencia energética en los hogares de los barrios populares no es un complemento sino que debe pensarse como parte constitutiva del problema del acceso a la energía. Implica no solo promover prácticas de uso racional, sino también facilitar el acceso a tecnologías y artefactos de bajo consumo y mejorar las condiciones habitacionales. 

 

Pensar una nueva forma de intervenir.  

“Locura es repetir los mismos errores y esperar resultados diferentes”

La coyuntura económica, política y social está configurando un escenario en donde las prestadoras del servicio eléctrico, en conjunto con gobiernos locales, intensifican su preocupación por las llamadas “pérdidas no-técnicas”, en particular, la electricidad que no pueden cobrar por falta de pago de usuarios, que se encuentran estrechamente vinculadas al consumo en barrios populares. Esto se explica fundamentalmente por los fuertes cambios en el esquema de subsidios del Estado nacional. Asimismo, el sistema eléctrico argentino está sufriendo modificaciones importantes que afectan tanto la distribución como la generación y transporte de la energía eléctrica.

Al respecto el Vicepresidente de ADEERA (Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina) analizando el impacto de la eliminación de los subsidios a las tarifas por parte del gobierno nacional, indica que:

“… el usuario, en general, no dejó de pagar. No se afectó la cobrabilidad de las compañías. Las compañías siguieron teniendo la misma cobrabilidad que venían teniendo. 

Pero en el caso de las pérdidas, obviamente son mucho más caras porque la energía aumenta. Frente a esto, hubo que salir a traccionarlas muchísimo más fuerte con cuadrillas que pongan en alerta aquellos casos de hurto y de robo de la energía.”

El testimonio pone de relieve, por un lado, que las pérdidas no técnicas han vuelto a constituir un problema relevante para las distribuidoras. Por otro lado, evidencia que la respuesta predominante frente a esta situación continúa siendo la estrategia de corte y control del suministro, en lugar de la búsqueda de soluciones estructurales que promuevan la inclusión y la sostenibilidad del servicio. Este escenario plantea la disyuntiva de repetir los errores cometidos en el pasado o bien aprovechar la oportunidad para encarar una solución al problema, apoyada en experiencia práctica acumulada y la evidencia científica.

Hasta el momento, las estrategias implementadas para resolver este problema resultan inconducentes. No solo porque omiten reconocer que la electricidad es un servicio esencial para la vida cotidiana -ninguna familia puede prescindir de él en el contexto actual-, sino también porque han demostrado escasa efectividad para reducir las pérdidas no técnicas y económicas de las distribuidoras. En términos generales, estas políticas se han concentrado en dos enfoques principales: por un lado, las cuadrillas de corte de suministro ante la falta de pago, que redunda en una costosa reconexión informal a los pocos días del corte, para garantizar el uso imprescindible de la electricidad en el hogar; por otro, la implementación de mecanismos que reproducen condiciones de desigualdad, como los medidores prepagos, los medidores con topes de consumo o los medidores comunitarios que no individualizan el gasto, generando conflictos entre vecinos y acumulación de deudas impagables por parte de los municipios, que terminan recurriendo a las mismas distribuidoras para solucionar las emergencias.

En este sentido, una nueva forma de abordar el problema del acceso a la energía eléctrica en los barrios populares no puede eludir, al menos, seis aspectos fundamentales:

  1. Reconocer la magnitud del problema y desarrollar herramientas tecnológicas para su gestión. El Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) ha demostrado la importancia de contar con información precisa, georreferenciada y actualizada para diagnosticar y planificar intervenciones. Profundizar el registro de la situación en cada territorio resulta indispensable para dimensionar la demanda real y alcanzar a la totalidad de los barrios y familias que requieren soluciones integrales.
  2. Garantizar la seguridad eléctrica a partir de la mejora en las instalaciones internas de las viviendas procurando los elementos de protección, circuitos de tomacorrientes e iluminación protegidos. Cualquier política pública vinculada a la problemática, debe partir ineludiblemente del objetivo de morigerar los accidentes en los barrios populares.
  3. Reducir la brecha de infraestructura de servicios. El déficit de redes de media y baja tensión sigue siendo un obstáculo estructural. Su ampliación es condición necesaria -aunque no suficiente- para garantizar el acceso seguro y equitativo a la energía. Al respecto, debe establecerse con precisión qué obras son necesarias en cada localidad, cuál es el costo de las mismas y en qué tiempo pueden desarrollarse.
  4. Asegurar la accesibilidad tarifaria. La sostenibilidad y la gobernanza del sistema dependen de la existencia de tarifas justas y diferenciadas, que consideren la capacidad económica de los hogares y eviten nuevas formas de exclusión. Resulta fundamental establecer un criterio claro de aplicación de una tarifa específica para los sectores más humildes.
  5. Transformar el patrón de consumo de electricidad en los hogares,  impulsando la promoción de artefactos de mayor eficiencia energética y mejoras materiales en las envolventes de las viviendas, a partir de un relevamiento preciso de sus condiciones. Esto implica una intervención que complementa aquella destinada únicamente a morigerar los riesgos de accidentes domésticos. Asimismo, las intervenciones hacia el interior de los hogares fortalecen la apropiación del proceso por parte de las familias, generando mayor predisposición a la formalización del pago y al uso responsable del servicio.
  6. Fomentar la participación y el acompañamiento comunitario. La articulación con las organizaciones territoriales y los espacios locales es clave para garantizar la sostenibilidad social de las intervenciones y consolidar una gestión participativa del acceso a la energía. Esto podría lograrse no solo en el involucramiento a partir del relevamiento de información en  los barrios (lo cual permitiría acciones mucho más precisas y particularizadas), sino también a partir de la ejecución de obras o bien la conformación de equipos promotores que orienten sobre el uso de la energía.

Desde el Centro para la Integración Socio Urbana (CISUR), trabajamos en la construcción de esta alternativa, promoviendo investigaciones, espacios de intercambio y estrategias de intervención que contribuyan a una solución inteligente, sostenible y socialmente justa.

Si te interesa profundizar en este tema contáctate al: cisur.info@gmail.com

Descarga el informe completo desde aquí: https://surl.li/tuzpln

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

¹ Originadas principalmente por las “pérdidas no técnicas” (PNT), las cuales a su vez se encuentran compuestas por: energía consumida que no se factura, errores de medición, de administración del sistema y robo o hurto de electricidad.

² Desigualdad térmica: ¿más calor en zonas urbanas vulneradas?, 12/2024, CISUR.