Distintas evaluaciones del IPCC han dejado en evidencia los vínculos entre el cambio climático (CC), la pobreza, los medios de vida y la vulnerabilidad humana, demostrando cómo el cambio climático genera consecuencias diferenciadas para distintas comunidades y poblaciones. ¿Cómo afecta el CC a la población de barrios populares? ¿Qué estrategias en materia de políticas de integración socio urbana se pueden implementar para reducir la vulnerabilidad?
Urbanización y cambio climático en América Latina y el Caribe
La urbanización en América Latina y el Caribe ha sido un proceso que, especialmente en las últimas siete u ocho décadas, ha mostrado una notable aceleración e incremento. Inicialmente, este fenómeno se concentró en las ciudades capitales y los grandes polos urbanos, pero en las etapas más recientes ha involucrado también a ciudades intermedias (UN-Habitat, 2020). La rapidez con la que se ha desarrollado es significativa debido a sus implicancias en el desarrollo económico y social, tanto a nivel nacional como regional. Aunque tendencias similares se observan en otras regiones con menor desarrollo relativo, en América Latina y el Caribe el fenómeno presenta particularidades y complejidades propias, relacionadas con la desigualdad social, la informalidad urbana y los retos ambientales (CEPAL, 2022).
En los próximos 30 años, las ciudades de la región deberán absorber 145 millones de nuevos habitantes urbanos, una cifra que equivale a la población urbana total que tenía la región alrededor de 1970 (World Bank, 2023).
Esto implica un crecimiento del 21% respecto a la población urbana actual en un periodo relativamente breve. Enfrentar un desafío de esta magnitud es sumamente complejo, especialmente considerando las limitaciones económicas y sociales que persisten en muchos países de la región. A ello se suma, en los últimos años un segundo proceso acelerado y sin precedentes que agrava la situación: el cambio climático (IPCC, 2022).
El cambio climático es un problema global multifacético, cuyas principales causas incluyen el consumo de combustibles fósiles para la generación de energía, industrias y el transporte, así como la deforestación y otros cambios en el uso del suelo que reducen la capacidad de los ecosistemas para absorber gases de efecto invernadero (IPCC, 2022). Como resultado, el incremento en la concentración de estos gases está generando un aumento en la temperatura media de la atmósfera, la tierra y los océanos, desencadenando múltiples impactos ambientales y sociales. Entre los efectos más preocupantes, se encuentra el deshielo de los glaciares y las capas de hielo, lo que contribuye al incremento del nivel medio del mar y a la erosión de las zonas costeras (NASA, 2023). Además, el cambio climático intensifica fenómenos meteorológicos extremos como lluvias torrenciales, huracanes y olas de calor, afectando tanto a ecosistemas como a comunidades humanas (WMO, 2023). Este fenómeno también altera los patrones de precipitación, lo que agrava la escasez de agua en algunas regiones, y afecta la biodiversidad, exponiendo a especies que no pueden adaptarse a un clima cambiante (IPBES, 2019).
Distintas evaluaciones del IPCC han dejado en evidencia los vínculos entre el cambio climático, la pobreza, los medios de vida y la vulnerabilidad humana, demostrando cómo el cambio climático genera consecuencias diferenciadas para distintas comunidades y poblaciones. El Quinto Informe de Evaluación del IPCC (AR5) identificó a personas social y geográficamente desfavorecidas que están expuestas a desigualdades persistentes, en la intersección de diversas dimensiones de discriminación basadas en género, edad, etnia y clase (IPCC, 2014). Además, el AR5 presentó evidencia sobre cómo el cambio climático actúa como un impulsor y multiplicador universal del riesgo, moldeando las interacciones dinámicas entre estos factores. Así, el cambio climático es uno de los factores de presión que configura trayectorias dinámicas y diferenciales de los medios de vida.
Barrios populares e integración socio urbana
Barrio Autopista Sur, San Miguel de Tucumán
En Argentina, según La Ley Nacional 27.453, se considera Barrio Popular a los barrios vulnerables en los que viven al menos 8 familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos, o más, de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacas).
Según el Observatorio de Barrios Populares, en el Registro Nacional de Barrios Populares, hoy se encuentran inscriptos 6.467 barrios. Entre los principales resultados del relevamiento de familias que se llevó a cabo desde la ex Secretaría de Integración Socio Urbana, se estima que el 66% de los barrios no tiene acceso formal a la red de energía eléctrica; el 92% no tiene acceso formal a la red de agua corriente; el 97% no tiene acceso formal a la red de efluentes cloacales; y el 99% no tiene acceso formal a la red de gas. Por otro lado, es crucial destacar que una gran parte de los barrios populares son construidos de manera autogestionada por las familias que los habitan. Estos asentamientos, en muchos casos, se ubican en terrenos con condiciones ambientales inadecuadas, lo que los expone a múltiples amenazas. Según el informe de Desigualdad climática en barrios populares, elaborado por la organización Techo Argentina, la mayoría de los barrios populares se encuentran afectados por el riesgo de zonas inundables (48%), seguido por el de micro-basurales (34%).
Los barrios populares enfrentan una combinación de alta vulnerabilidad social y exposición directa a las amenazas del Cambio Climático, como inundaciones, sequías, olas de calor y frío, y lluvias intensas. Factores como la precariedad de las viviendas, la falta de acceso a servicios básicos y los bajos ingresos económicos, limitan la capacidad para adaptarse a estos riesgos, haciéndolos más susceptibles a los efectos del cambio climático. En este marco, aquellos programas que promueven la integración socio urbana se vuelven fundamentales para implementar estrategias de reducción de vulnerabilidad y además aportar a la adaptación y mitigación al Cambio Climático en los Barrios Populares.
Acciones de integración socio-urbana para disminuir las vulnerabilidades sociales
En Argentina, el acceso a la tierra y la vivienda representa un problema estructural que ha generado condiciones de precariedad y hacinamiento para millones de personas. A lo largo del tiempo, se implementaron diversas políticas públicas con enfoques y estrategias que oscilaron entre la erradicación de asentamientos y la urbanización de barrios populares. Si bien existen políticas públicas de escala local y provincial, en este apartado, se mencionan las acciones realizadas en el marco normativo nacional sancionado a partir de la Ley 27.453 de Regularización Dominial, conocida como Ley de Barrios Populares.
Acceso a Servicios Básicos
- Conexiones formales a agua potable, saneamiento: Estas intervenciones reducen el contacto con agua contaminada, previniendo enfermedades como las gastrointestinales y de la piel. Además, garantizan el acceso a un recurso esencial, fortaleciendo la capacidad de las comunidades para enfrentar olas de calor y otras amenazas climáticas como inundaciones.
- Conexiones formales a electricidad y gas: Facilitan el uso seguro de electrodomésticos esenciales para refrigeración, calefacción y cocción de alimentos. Esto no solo reduce riesgos asociados a conexiones informales (como incendios o electrocución), sino que también mejora la eficiencia energética al disminuir la dependencia de fuentes contaminantes como la leña y el carbón.
Mejoras en viviendas y hábitat
- Construcción de núcleos húmedos: Mejoran la calidad de vida de las familias, contemplando el acceso al agua, el saneamiento y la electricidad segura.
- Refacción y ampliación de viviendas: Estas acciones contribuyen a mitigar el hacinamiento y mejorar las condiciones estructurales de las casas, haciéndolas más seguras frente a eventos extremos. En algunos casos, estas acciones incluyen mejoras que permiten aislar térmicamente a las viviendas, resguardarse del frío y calor extremo.
Provisión de lotes urbanos con servicios básicos:
A través de estas intervenciones se logra un ordenamiento de la expansión urbana, garantizando a las personas infraestructuras básicas como agua potable, saneamiento y electricidad, lo que disminuye la contaminación ambiental. A su vez, tener lotes urbanos ambientalmente aptos, ofrecen condiciones seguras de vivienda, minimizando la exposición de las comunidades a fenómenos climáticos adversos y la ubicación de familias en zonas de riesgos.
Espacios Verdes
- Espacios verdes comunitarios: la construcción de plazas y equipamientos comunitarios para el esparcimiento que incorporan beneficios paisajísticos; la incorporación de suelo absorbente que permite mejorar la retención de agua, mitigando inundaciones; la generación de espacios de sombra favorece la biodiversidad local mediante la utilización de especies nativas.
- Cortinas Forestales: En el marco de proyectos de integración socio-urbana y de desarrollo de lotes con servicios, permite incorporar cortinas forestales como una estrategia para abordar múltiples desafíos ambientales y urbanos. Estas barreras vegetales no solo actúan como filtros naturales al reducir las partículas en suspensión, mejorando así la calidad del aire, sino que también desempeñan un papel crucial en la regulación térmica. Al generar sombra y reducir la incidencia directa del sol sobre las superficies urbanas, contribuyen a mitigar el efecto de las islas de calor, favoreciendo un entorno más habitable y sostenible. Además, estas cortinas forestales fomentan la biodiversidad y ofrecen beneficios adicionales como la reducción del ruido ambiental y la mejora del bienestar de las comunidades al integrar espacios verdes en su entorno cotidiano.
Hacia una Política de integración socio urbana con justicia climática
De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la justicia climática se basa en priorizar la equidad y los derechos humanos al abordar decisiones y medidas relacionadas con el cambio climático. Este concepto enfatiza la desigualdad en las responsabilidades históricas de países y comunidades frente a la crisis climática. Propone que aquellos sectores, países o empresas que han prosperado gracias a actividades de alta emisión de gases de efecto invernadero asuman la obligación de apoyar a quienes enfrentan los mayores impactos, especialmente a las comunidades y naciones más vulnerables, que generalmente son las que menos han contribuido al problema.
Si bien las políticas de integración socio-urbana contribuyen a reducir la vulnerabilidad y fortalecen la resiliencia comunitaria, requieren de la incorporación de un enfoque climático integral. Según Hardoy et al. (2022), estas políticas tienden a centrarse en acciones físico-espaciales y sociales bajo paradigmas tradicionales. Un ejemplo común es la construcción de infraestructura gris, como el entubamiento de cursos y cuerpos de agua, en respuesta a problemas asociados a la inundación. Sin embargo, en Argentina las políticas de integración socio urbana han avanzado en incluir problemáticas ambientales relacionadas con la gestión de residuos, la seguridad de los terrenos ocupados y la reducción de riesgos de desastres. Estas iniciativas podrían fortalecerse significativamente mediante la adopción de enfoques integrales que aborden el cambio climático, como las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN), la Infraestructura Azul-Verde (IAV) o la Adaptación Basada en Ecosistemas (AbE).
En este contexto, un desafío clave en Argentina y América Latina, es diseñar e implementar políticas de integración socio-urbana que incorporen la justicia climática. Sin ello, un número creciente de personas en la región no podrá adaptarse al cambio climático, lo que agravará las crisis humanitarias. Lograr esta meta implica garantizar la calidad de los procesos participativos, creando espacios, herramientas y métodos que permitan una participación efectiva en la resolución de problemas y la toma de decisiones conjuntas. Este enfoque asegura que las políticas, prácticas y formas de gobernanza sean debatidas por quienes se ven directamente afectados, sentando las bases para transformaciones físicas y sociales adaptadas a los contextos específicos. Además de mejorar la infraestructura y las viviendas, las políticas de integración urbana deben considerar la provisión de servicios ecosistémicos, integrando estos elementos al diseño y ejecución de proyectos barriales para garantizar un ambiente y futuro sostenible.