Por María Zoé Lavalle, María del Mar Murga y María Cielo Pintar.
Entre 2019 y 2023, la ex Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) desarrolló una política de obras de infraestructura en barrios populares de todo el país. Pero construir una plaza, abrir una calle, dar acceso a servicios o desarrollar un equipamiento comunitario no era solamente una cuestión técnica: implicaba intervenir sobre territorios habitados, con organizaciones, vínculos y dinámicas construidas mucho antes de la llegada de una obra.
¿Qué lugar puede ocupar la voz de una comunidad frente a una obra que transforma su entorno cotidiano? Esa pregunta ordena el trabajo elaborado por integrantes de la Coordinación de Gestión Territorial de la ex SISU. A partir de la sistematización de datos de gestión, se analizan las herramientas participativas diseñadas para acompañar el diseño y la ejecución de obras de infraestructura socio urbana -agua y saneamiento, luminaria, accesibilidad, espacio público y equipamiento comunitario- en barrios populares de todo el país.
La lucha por la integración sociourbana siempre estuvo atravesada por la participación. Desde 2016, la movilización de organizaciones sociales, comunitarias y eclesiales nucleadas en la consigna de “Tierra, Techo y Trabajo” impulsó el primer Relevamiento Nacional de Barrios Populares —hecho por los propios vecinos y vecinas, barrio por barrio—, la creación del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) por el Decreto 358/2017 y, en 2018, la sanción de la Ley 27.453, que estableció que las acciones de integración socio urbana debían ser “progresivas, integrales, participativas y con enfoque de género y diversidad”. El desafío de la gestión 2019–2023 fue que los proyectos no se decidieran “desde el escritorio”, sino a partir del conocimiento y las necesidades de cada barrio.
¿Cómo acompañar desde los barrios el diseño de los proyectos?
Entre 2019 y 2023 se ejecutaron 1.322 obras que llegaron a 322.622 familias en barrios populares de todo el país. Si bien existen múltiples herramientas de planificación participativa, fue necesario desarrollar nuevos instrumentos que permitieran trabajar con barrios y proyectos muy diferentes entre sí.
La Verificación Territorial es el primer paso. A través de recorridas se releva la dinámica barrial, el entramado de actores y la situación urbana y ambiental del lugar. Este primer acercamiento permite identificar alertas tempranas que orientan el diseño técnico. Entre 2019 y 2023 se realizaron 1.696 verificaciones en 23 de las 24 provincias del país —más de la mitad concentradas en la provincia de Buenos Aires—, y en 43 casos (2%) derivaron en la cancelación o reconversión del proyecto por no contar con el apoyo de los vecinos y vecinas.
Las Instancias Consultivas funcionan como mesas participativas para difundir las obras planificadas en espacios públicos y recoger consultas, comentarios y propuestas de modificación; sus definiciones tienen carácter vinculante para el proyecto. Se realizaron 119 instancias en 18 provincias, de las cuales 9 (7%) derivaron en modificaciones al proyecto original, principalmente sobre la localización de las intervenciones.
El Diagnóstico Integral Barrial relevó, mediante una encuesta a hogares, las condiciones ambientales, habitacionales, dominiales y socioeconómicas de las familias: 8.800 encuestas en 67 barrios populares de 14 provincias.
Los Planes de Reasentamiento planifican las distintas etapas de estos procesos garantizando que durante la obra no se vulneren los derechos de las familias: se documentan las causas del reasentamiento, el listado de destinatarios, la composición de los grupos familiares y las conformidades obtenidas.
Herramientas para acompañar la ejecución
Con el inicio de las obras, la participación estuvo presente a través de otras herramientas. Las Mesas de Integración Barrial (MIB) fueron el principal espacio de encuentro: reuniones periódicas entre vecinos y vecinas, organizaciones, unidades ejecutoras, empresas o cooperativas y el Estado. En el marco de las obras de la ex SISU se realizaron 1.801 mesas en 666 barrios de 23 provincias. En estas instancias se abordaron distintas temáticas relacionadas con las obras y, a su vez, se daba lugar a las consultas y reclamos de los vecinos. Los talleres de Caja de Herramientas difundieron información sobre derechos —la Ley 27.453, el Certificado de Vivienda Familiar, el acceso a servicios públicos— y trabajaron sobre estereotipos de género y prevención frente a amenazas de desalojo.
Memoria Colectiva financió actividades para fortalecer la identidad y la pertenencia territorial: talleres de historia barrial, mapeos colectivos, murales y señalética para calles y espacios comunitarios.
El Protocolo de Mudanza ordenó los procesos de traslado de las familias reasentadas, garantizando información clara, procedimientos ordenados y acompañamiento social durante todo el proceso.
A esto se sumó la aplicación del artículo 12 de la Ley 27.453: al menos el 25% de las obras se adjudicaron a cooperativas u otros grupos de la economía popular integrados preferentemente por habitantes de los propios barrios.
La participación como forma de trabajo en el territorio
La experiencia demostró que la participación no puede ser un requisito estanco. Las herramientas debieron adaptarse a los distintos momentos de las obras y a las características de cada territorio. Participar también supone decidir cómo, cuándo y para qué abrir esos espacios. La experiencia permitió identificar la importancia de fortalecer las capacidades estatales para el abordaje territorial, promover la continuidad e institucionalización de las instancias participativas y avanzar en estrategias de comunicación popular que permitan socializar entre los vecinos y vecinas la información técnica de las obras.
Quedan también desafíos pendientes: consolidar capacidades para sistematizar y democratizar la información producida por las instancias participativas, para que pueda ser apropiada por los propios vecinos y vecinas y las organizaciones de los barrios, y seguir ampliando las voces involucradas en los procesos de integración socio urbana.
La participación fue, entonces, una forma de trabajar en el territorio: conocer sus dinámicas, incorporar los saberes de la comunidad y tomar decisiones a partir de esa información.
Leé el informe completo: “Repositorio de estrategias para el abordaje de la participación comunitaria en el acompañamiento a obras de infraestructura urbana”.